Ciudadanos y narcoterroristas: Costa Rica adoptará la política excluyente del derecho penal del enemigo

Eduardo E. Saxe Fernández
Director
Escuela de Filosofía

RESUMEN
En esta ponencia distingo conceptualmente dos sistemas jurídicos que hoy están enfrentados. Uno mantiene la personería y la ciudadanía a todo ser humanos siempre, mientras que el otro sistema se basa en dos derechos penales, uno para ciudadanos y otra para los enemigos, quienes no son ni personas ni ciudadanos. Este derecho penal del enemigo corresponde con el derecho de guerra que aplica Estados Unidos en su guerra contra el terrorismo, en la figura del “combatiente enemigo”. Enseguida muestro los antecedentes (no reconocidos) de este tipo de derecho penal en la legislación romana sobre quienes hubiesen sido enemigos de Roma, los cuales nunca podían adquirir ciudadanía latina o romana. Señalo como, en correspondencia con los actuales procesos de colapsos ecosociales mundiales (éticamente el “dilema del Titanic”), se han desarrollado teorizaciones jurídicas y político filosóficas que justifican, anticipan o proponen políticas de exclusión ciudadana y de genocidio. Se revisa el caso de Costa Rica, para indicar cómo se ha venido instaurando un estado policial basado en este derecho discriminatorio, en un proceso de “colombianización” que se profundizó durante la ilegítima administración de Arias Sánchez (2006-2010) y que con la actual presidenta Chinchilla se torna en guerra abierta contra el narcoterrorismo; la narcoinsurgencia. Esto significa el fin de la “identidad de paz costarricense” (Adriana Rossi, 2010). Las diferentes posturas de la presidenta Chinchilla se muestran congruentes con el derecho penal del enemigo y sus políticas se dirigen a establecerlo en el país, junto con un ejército “ideológicamente potable”.


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